Hemos visto en la televisión días atrás algunas escenas que producían verdadero temor: okupas en la plaza de Bonanova, en Barcelona, con cascos en la cabeza y machete en la mano amenazando a los vecinos.
Poco tiempo atrás se producía una verdadera batalla campal en una zona de las Rozas, de Madrid, entre los okupas y las organizaciones anti-okupas.
Lamentablemente, esos hechos no son aislados, sino que forman parte de un movimiento que tiene como finalidad atacar directamente la propiedad privada y otorgar unos pretendidos derechos sociales a personas que en la mayoría de los casos no están necesitadas ni vulnerables, sino que forman parte de auténticas mafias.
La pregunta que todos nos hacemos es cómo que en un supuesto Estado de Derecho, como es el caso de España, se puedan dar estos hechos delictivos con tanta frecuencia, prácticamente con total impunidad.
La pregunta no es fácil de responder, pero de entrada podemos afirmar que en muchos casos esas situaciones se producen por la complicidad o, al menos, la omisión de muchos políticos que consideran que la ocupación es prácticamente un derecho que tienen esas personas.
Por otro lado, el sistema judicial en nuestro país es tan complicado y tan lento para resolver esas situaciones que quienes se benefician son los delincuentes que ocupan las viviendas muchas veces, incluso, utilizando la fuerza.
El resultado final es que quienes sufren este desamparo absurdo de sus elementales derechos son los propietarios, que a veces tienen que soportar situaciones tan surrealistas como no poder cortar el suministro del gas o de la luz de la casa, propiedad suya, donde están viviendo los okupas o tener que seguir pagando la hipoteca de su casa para no perderla mientras que quienes la disfrutan son los delincuentes.
De tal manera esta situación se está generalizando que la nueva modalidad de la ocupación son los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se quedan viviendo en la casa sin que el propietario pueda hacer prácticamente nada.
La nueva ley de la Vivienda, aprobada recientemente, lejos de mejorar la situación lo que va a hacer es dar más derechos al inquilino con la posibilidad de que si es reconocido como persona en situación de vulnerabilidad puede estar en la casa hasta 3 años sin pagar el arriendo.
¿Y qué protección se ofrece a quienes sobreviven gracias a tener un piso alquilado que les completa sus exiguos ingresos?
Estamos asistiendo a un verdadero ataque a la propiedad privada con el pretexto de amparar a las familias más vulnerables, cuando en realidad esta impunidad lo que está contribuyendo es a alimentar cada vez más a las mafias y crear un auténtico clima de alarma social.
Lo que seguramente veremos en los próximos meses es que muchos propietarios no querrán poner en alquiler sus casas por miedo a que sus propios inquilinos dejen de pagar y sigan ocupándola. Como consecuencia, subirá el precio de los alquileres al bajar la oferta.
